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Imputan estafa a empleado de la Justicia y ex candidato a senador

Es funcionario judicial. Lo acusan además de desobediencia judicial. Al menos contaría con seis denuncias más en su contra.

El ex precandidato a senador provincial por Tinogasta Ramón Horacio Albarracín alias "El Gringo" fue imputado por los delitos de estafa, desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público.


Según fuentes vinculadas con la causa, Albarracín fue acusado en la Fiscalía de la Quinta Circunscripción Judicial de Tinogasta en dos causas penales que pesan en su contra.


Se pudo conocer además que al menos hay otras seis denuncias penales que fueron realizadas aproximadamente entre 2014 y 2016 y que estarían siendo investigadas desde entonces.


En una de las denuncias por las cuales la Justicia lo imputó habría sido denunciado por una mujer oriunda de La Puntilla, quien lo habría acusado de adulterar documentos públicos que le produjeron perjuicios.


La otra denuncia -que sería más grave-, habría sido radicada por una empleada de la Municipalidad de Tinogasta, quien le habría entregado una importante suma de dinero para abonar el pago de un embargo y él, en su calidad de "ujier", se habría quedado con el dinero causando un importante perjuicio a la empleada ya que por el incumplimiento de pago sufrió embargos en su sueldo.


Albarracín contaría con varias denuncias realizadas por abogados del fuero local de Tinogasta, por haber desobedecido órdenes judiciales emitidas por los jueces a pesar de reiterados llamados de atención.


Una importante cantidad de personas, en su mayoría comerciantes y empleados estatales, lo acusan de haber cobrado embargos valiéndose de su cargo en la Justicia.


Los embargos estaban relacionados generalmente con demoras en los pagos de créditos bancarios, de tarjetas de crédito, de cuentas personales y hasta de organismos del Estado, tales como AFIP y Dirección General de Rentas, entre otros. 


Otras fuentes informaron que entre sus propuestas ofrecía acelerar los trámites administrativos, evitar que queden constancias de las notificaciones, el gasto en asesoramiento y representación legal con abogados y que incurran en otros tipos de gastos. Ofrecía solamente pagar el capital, intereses y otros gastos de índole administrativo.


"Para concretar los ilícitos solicitaba el dinero pero nunca cancelaba los embargos porque no efectuaba los depósitos. Hacía figurar como que había visitado los distintos domicilios de los deudores pero el dinero no llegaba a los acreedores", informó una fuente.


La mayoría de los casos son de 2014, 2015 y 2016 y entre los principales damnificados se encuentra un comerciante al que hace dos años, tras sus propuestas, le embargó $80.000 y confiado en que se haría el depósito para que se levante el embargo, terminó pagando un importe mayor, con intereses. 


Se pudo conocer que en su lugar de trabajo se le inició un sumario administrativo "hace años" y que aún hay damnificados que por temor a represalias no radican la denuncia correspondiente.


Finalmente se informó que para acceder a los pagos hacía uso de su antecedente como ex precandidato a senador provincial del Frente Cívico y Social- Cambiemos en las PASO del 13 de agosto de 2017.

 

El ujier, oficial de Justicia y notificador

Según una guía del Poder Judicial de la Nación, ujieres, oficiales de justicia y notificadores son aquellos funcionarios públicos, ejecutores de las órdenes judiciales, y a ellos les corresponde eficiente capacidad, contracción al trabajo, fiel cumplimiento de sus deberes, puntualidad en el desempeño de sus tareas, reserva en su cometido, integridad moral y observancia del orden jerárquico debiendo mantener una presencia acorde a la seriedad de su trabajo. 


Se trata del funcionario que ejecuta una orden emanada por un juez. Puede ser un empleado subalterno que en los tribunales de justicia y en ciertas oficinas de la Administración Pública desempeña funciones de relación, como notificaciones a las partes o interesados en una causa.


En Catamarca, según la nómina actual de magistrados y funcionarios del Poder Judicial de Catamarca, la provincia cuenta con 20 cargos de ujier, uno de ellos con retiro transitorio por invalidez.

 

 

Fuente: El Ancasti