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Un fiscal pidió que Cristóbal López, Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray vayan a juicio

Lo hizo Gerardo Pollicita. Es en la causa por defraudación al Estado por la deuda de $8.000 millones que Oil Combustibles le debe a la AFIP. 

El fiscal Gerardo Pollicita pidió este lunes ante el juez Julián Ercolini la elevación a juicio oral y público de Cristóbal López,Fabián De Sousa y Ricardo Echegaray por el delito de defraudación agravada. Asimismo, requirió que se afecte al embargo de $ 17.000 millones los bienes de los acusados, el secuestro de los mismos, el depósito y administración judicial de los bienes muebles, y una tasación de la totalidad de todo. La Justicia quiere ponerle un número a la fortuna de los acusados.

Los dueños del Grupo Indalo están presos en el marco de esta causa, y según pudo saber Clarín, el juez enviará a López, De Sousa y Echegaray a juicio oral y público en unos veinte días.

Cristóbal López está acusado de haber defraudado al Estado en $ 8.000 millones durante el último gobierno de Cristina Kirchner por no pagar el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) con Oil Combustibles, la petrolera que hoy está quebrada. Así generó una deuda multimillonaria con el fisco, mientras utilizaba los fondos que no le pagaba a la AFIP para financiar y ampliar su conglomerado empresarial.

Para el fiscal Pollicita la causa no es ajena a la investigación por una supuesta asociación ilícita encabezada por Néstor y Cristina Kirchner, ni del expediente que sigue el direccionamiento de la obra pública a empresarios K como Lázaro Báez. Pollicita cree que hay una “matriz de corrupción” que dio “favores” a un “reducido número de empresarios amigos ligados personal y comercialmente" a los Kirchner. Entre ellos, para el fiscal, está López.

Con este telón de fondo, Pollicita en un dictamen de 114 páginas al que accedió Clarín, sostiene que los empresarios K se dedicaron de manera sistemática y constante a “llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos”. Hay más. Estos empresarios amigos fueron engranajes en la etapa siguiente: la del “reciclaje de activos”. Así, se “retornó una porción de lo sustraído” al Estado, como es el caso de López a la AFIP, mientras era inquilino de Cristina Kirchner y adquiría medios de comunicación “funcionales al Gobierno” kirchnerista.

En este contexto se ubica la maniobra de corrupción por la cual desde la AFIP, sus funcionarios y sobre todo quien era su principal autoridad, Ricardo Echegaray, “defraudaron al Estado” en beneficio de López y De Sousa.

De los 55 meses investigados, los dueños del Grupo Indalo sólo tributaron el ITC durante siete meses, determinó la fiscalía. Así, el pedido de elevación a juicio oral se basa en la confirmación de la “instrumentación de una compleja maniobra de corrupción perpetrada dentro y fuera de la AFIP”, donde hubo una estructura permanente y coordinada de personas que lograron la “sustracción de fondos millonarios por medio de la defraudación al Estado”.

Según el dictamen que dejó a un paso del juicio al empresario K, hubo tres momentos claros en la causa, el primero de ellos en 2010 cuando se constituyó Oil Combustibles a la que considera una “estructura societaria para el fraude”. Después, comenzó la instancia de “acumulación ilegítima de deuda" del ITC. Pollicita sostuvo que, con el otorgamiento “irregular de planes de facilidades de pago”, López usó de forma "indebida el impuesto”para financiar y expandir al Grupo Indalo.

La maniobra contó con la intervención de Echegaray como cabeza de la AFIP, acusado de ser autor de la defraudación.Según el fiscal, Echegaray diseñó y puso en marcha un circuito por el cual desde el ente recaudador, “deliberadamente no exigió a Oil el pago del impuesto”. Esto generó que se acumule una deuda millonaria con el Estado con facilidades de pago que fueron calificados de “ilegales”.

La petrolera -según Pollicita-, contaba con el dinero para cumplir con el pago del ITC, pero por el contrario López y De Sousa “retiraban las sumas que eran percibidas pero no depositadas al Fisco" y las entregaban en "concepto de préstamos tanto a ellos mismos como a otras empresas del grupo”. La fiscalía analizó cada uno de los planes de facilidades de pago que fueron adjudicados al empresario K "de manera ilegal e irregular".

Esta maniobra de corrupción, les permitió a López y De Sousa, aumentar su patrimonio y comprar empresas a pesar que descapitalizaban la petrolera que cuando comenzó la causa estaba en concurso preventivo y hoy está quebrada.

Por tal motivo, el fiscal insistió en su pedido, en la necesidad de avanzar en el aseguramiento de los bienes de los acusados. Quiere garantizar la reparación del daño ocasionado: que paguen lo que deben, y por ello requirió el embargo y secuestro de los bienes registrados, como cuentas bancarias y entregar la administración de las propiedades a la justicia. Esto había sido requerido hace unos meses al juez Ercolini.

En el requerimiento se agregó un pedido de tasación de todos los bienes de los acusados. Clarín contó en su edición del domingo que la AFIP realizó un relevamiento patrimonial de López, De Sousa y Echegaray y que en un primer cálculo no alcanzarían a cubrir los $ 17.000 millones de embargo que se le trabó a cada uno.

Asimismo, entendiendo que toda la maniobra delictiva contó con la participación de "múltiples actores" desde la AFIP que cumplieron diversos roles, insistió ante el magistrado con el procesamiento de otros 18 acusados del expediente que se desempeñaban en el organismo recaudador.

 

Fuente: Clarín