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Refuerzan los controles de las pensiones por invalidez para evitar fraudes

El Gobierno se apresta en los próximos días a digitalizar los registros de las pensiones por invalidez. El objetivo será depurar el padrón de beneficiarios y detectar posibles fraudes.

Tras el fallido intento de 2017 de hacer un recorte compulsivo e inconsulto en la nómina de pensionados, ahora la gestión del presidente Mauricio Macri propone el camino inverso: que sean los beneficiarios los que revaliden su pensión mediante un trámite online que le permita al Estado actualizar y controlar la información.

Las pensiones no contributivas por invalidez son otorgadas a las personas discapacitadas que están imposibilitadas de trabajar, que tienen una situación económica vulnerable y que no reciben ningún otro tipo de ingreso.

Hasta ahora, se otorgaban mediante la presentación de un certificado médico y son de forma vitalicia.

Siempre de acuerdo a los registros oficiales, los beneficiarios de este tipo de pensiones se multiplicaron por siete en los últimos nueve años del kirchnerismo: de unos 150.000 en 2006 a unos 1.050.000 en 2015.

La Agencia Nacional de Discapacidad emitió el viernes pasado una resolución para crear un nuevo Formulario Certificado Médico Oficial (CMO) dentro del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE). Ahora trabaja en la redacción de una nueva normativa para obligar a los beneficiarios a que actualicen su certificado médico y que registren su situación en el sistema online. El proyecto sigue aún en la etapa de elaboración, pero se estima que será divulgado en el corto plazo.

Los beneficiarios de la asistencia ya no podrán presentar su certificado médico obligatorio firmado por cualquier profesional. Deberán ahora acercarse a un hospital público, donde sus datos serán cargados mediante un "trámite a distancia", el mecanismo creado para informatizar los procedimientos en el Estado.

"No hablamos de altas o bajas, no hay un número a recortar. Lo que se debe hacer es una actualización de la información. Hoy no está mapeado el universo de pensionados y no se sabe quién puede necesitar un beneficio distinto", aseguraron a LA NACION desde la Agencia de Discapacidad, conducida por Santiago Ibarzábal.

¿Cómo se efectuará la migración de los datos? Desde el Gobierno enviarán, de a tandas, notificaciones a los pensionados para que procedan a revalidar su situación. Darán, probablemente, 60 días para efectivizar el trámite. Se espera que las primeras cartas a los beneficiarios sean enviadas a partir de la segunda quincena del mes actual.

"La actualización de la información vendrá de la mano de la detección de posibles fraudes", señalaron fuentes oficiales, quienes evitan, por ahora, de mencionar posibles recortes.

En Cambiemos están convencidos de que durante el gobierno kirchnerista, la gestión de Alicia Kirchner al frente del Ministerio de Desarrollo Social, utilizó a las pensiones por invalidez para hacer clientelismo político.

El antecedente de 2017

El Ministerio de Desarrollo Social, a mediados de 2017, había intentado recortar unas 71.000 pensiones. Para ello, el Gobierno había cruzado la información de la AFIP y Anses para revisar la situación económica de los pensionados. Las asociaciones que representan a distintos grupos de discapacitados rechazaron la quita y siguen ahora de cerca la inminente iniciativa que empuja el oficialismo.

La Justicia hizo lugar a los amparos y obligó al Estado a restituir los fondos por considerar que la medida se había ejecutado sin garantizar el debido proceso. La cartera que comanda ahora Carolina Stanley, de todas formas, ya había devuelto muchas pensiones por la controversia que generaron algunos beneficios suspendidos.

Luego de ese traspié, en septiembre de 2017, el Gobierno creó la Agencia de Discapacidad, bajo la órbita de la Secretaría general de la Presidencia, que encabeza Fernando De Andreis.

Sin embargo, en la práctica, el organismo muchas veces reporta a la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti.

La Agencia tiene un presupuesto para este año de $132.000 millones, $47.000 millones más que en 2018, según el Presupuesto.

"Si hay beneficios otorgados de forma irregular está bien revisarlos. Pero el problema de fondo es otro: hay personas discapacitadas que tienen mucha incertidumbre si consiguen un empleo porque pierden la pensión por invalidez y no siempre el trabajo resulta bien. Entonces, deberíamos pensar en una asignación universal por discapacidad, un apoyo del Estado a la discapacidad", señaló el presidente de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra), Marcelo Varela, a LA NACION.

Desde Fundación Discar, Demián Lijtman coincidió en que "lo más importante es ir hacia una integración real de las personas con discapacidad".

Y añadió: "Está bien que se haga una revisión, pero más importante es abordar el problema de forma integral, que aunque estas personas consigan un trabajo sostengan otros beneficios para tener una vida más plena".

 

 

Fuente: La Nación