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El oficialismo busca avanzar en Diputados con la Moratoria, la ampliación presupuestaria y la ley de Quiebras

Esta semana habría dos sesiones. Juntos para el Cambio marcó sus diferencias pero el kirchnerismo cuenta con otros aliados parlamentarios para avanzar.

Los diputados del Frente de Todos intentarán hoy conseguir dictamen a favor de la ampliación de la Moratoria y avanzar con la ampliación presupuestaria que el Presidente envió al Congreso en busca de aval. En ambos casos Juntos por el Cambio encontró razones para marcar distancia: que la morigeración de deudas beneficie a un empresario cuestionado y que al precio de la leche se le sume la mitad del IVA.

El debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside Carlos Heller (Frente de Todos) está previsto para las 11. El plan original era hoy mismo tener dictamen y sesionar este miércoles. En pos de un acuerdo, el oficialismo evalúa sesionar recién el viernes, un día después de la presentación del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, en sesión especial.

En el caso de la ampliación de la moratoria impositiva, previsional y aduanera propuesta por el Poder Ejecutivo, el Frente de Todos acompañaría en general. La iniciativa apunta a beneficiar a empresas y personas humanas que quedaron afuera de la moratoria vigente. Las deudas a incluir serán las contraídas hasta el último día de junio.

Para adherirse al régimen habría tiempo hasta octubre mientras que las cuotas se pagarían a partir de noviembre. Lo dijo la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont: el Gobierno necesita recaudar y ese es el espíritu de la ley en el marco de una pandemia que hizo caer todos los índices económicos, la recaudación entre ellos.

En la oposición están de acuerdo pero con diferencias. De hecho Juntos por el Cambio tiene un dictamen propio: no firmarán el del oficialismo porque creen que de esa manera avalarían la posibilidad de que Cristóbal López, de Oil Combustibles, se beneficie con una “amnistía” cuando no transfirió las partidas correspondientes al impuestos a los combustibles.

El bloque de la Coalición Cívica dio un paso más y envió una carta al presidente Alberto Fernández que hizo pública. Le reclamaron que presente una declaración jurada de intereses para poder identificar a sus ex clientes. “Durante el debate de la semana pasada, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal advirtieron sobre la posibilidad de incorporar a la moratoria a empresas en quiebra, en procesos iniciados con anterioridad a la pandemia.

Aún sólo con los votos de la oposición en general, el oficialismo encontraría aliados en otras fuerzas para avanzar con el proyecto de ley. Lo que se dificultó fue el segundo tema que buscaba convalidar en comisión y llevar a la misma sesión en el recinto: la ampliación presupuestaria que significa una reasignación de recursos y gastos del Presupuesto que en realidad es el correspondiente al año 2019 prorrogado.

En el contexto de emergencia, el Poder Ejecutivo definió el envío de una partida de $7.100.000 a la provincia de La Rioja y $340.000.000 a sus municipios, además de transferencias a distintos organismos, como el PAMI, y $50.000 millones al resto de las provincias. Para ANSES está prevista una partida de $90.000 millones destinada al pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) más $80.000 millones en concepto de Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP); para el Ministerio de Desarrollo Productivo, se incrementó el presupuesto en $1.625 millones que se destinarán al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) mientras que a Educación se le asignaron $1.500 millones y a Trabajo $5.000 millones.

La principal bancada de la oposición aún no resolvió qué hará con la ampliación presupuestaria, incluso había quienes admitían anoche no haber alcanzado a analizar todos los temas ya que también en esta comisión se buscará avanzar con la modificación de la Ley de Concursos y Quiebras para suspender las ejecuciones en aquellos casos en los que el proceso haya arrancado después del inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

Desde la UCR sí reprocharon el cambio en el pago de IVA para la leche en polvo y fluída, entera o descremada llevándola del 0% al 10,5%.

Como vicepresidente de la comisión de Finanzas, el diputado Luis Pastori recordó que Néstor Kirchner, como Presidente, “había hecho lo mismo con el pan común o francés gravándolo de 0 a 10,5%”. Pastori pidió que se revea el proyecto “porque la recaudación de impuestos no puede ser de cualquier manera y menos afectando los consumos populares básicos”.

Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo daban ayer una explicación sobre el tema. Atribuyen a la gestión anterior una reducción “desarticulada” el IVA para una serie de productos de la canasta básica alimentaria, entre ellos la leche después de la derrota en las PASO, lo que calificaron como un error que no tuvo el efecto prometido de bajar el precio de la leche. Por el contrario, indicaron, “generó problemas muy grandes para las empresas del sector comercializador”.

El razonamiento oficial es que las empresas comercializadoras siguieron comprando la leche a los productores y esa compra les fue generando un creciente crédito fiscal a su favor que no podían descargar en los consumidores justamente por la exención de IVA. Los comercios trasladaron ese crédito fiscal al precio final de la leche ya que para ellos se trataba de una pérdida financiera, indicaron para justificar el cambio propuesto en la ampliación presupuestaria.

En ese marco el Gobierno asegura que corregirá la distorsión fiscal sin generar un perjuicio para las familias con el regreso del IVA al 10,5% para las leches más consumidas. “Le permitirá a los comercios volver a descargar todo ese crédito fiscal acumulado en sus balances, motivo por el cual el precio final que soportan las familias será exactamente el mismo una vez que entre en vigencia la medida”, indicaron en una visión optimista de lo que ocurrirá. Y defendieron el “tratamiento equitativo” ya que no todas las leches hoy tienen la misma exención: todas pasarán a una alícuota de 10,5%.

El costo estimado de la recaudación es de solo $1.800 millones por año pero para Producción es “necesario” ordena la cadena de producción y comercialización, normalizarla, generando transparencia y facilitando los controles a cargo de los organismos públicos para que se cumplan los acuerdo de precios.

A pesar de los argumentos, parece difícil que el oficialismo convenza a la oposición, al menos en este punto.

Finalmente en la misma comisión se impulsa el análisis de una docena de iniciativas de todas las fuerzas políticas para modificar la Ley de Concursos y Quiebras, para brindar mecanismos excepcionales a las pymes. El objetivo es auxiliar a todas aquellas cuya situación se haya complicado a partir de la ASPO.

Entre las iniciativas de reforma el diputado Carlos Selva (Frente de Todos) propone suspender hasta el 31 de diciembre de 2020 del período de exclusividad, de las ejecuciones judiciales y extrajudiciales, de los plazos de cumplimiento de acuerdos homologados y del trámite de los pedidos de quiebra. El rionegrino Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro) también impulsa la creación de un régimen concursal especial para personas humanas, micro o pequeñas empresas y sujetos comprendidos en el actual régimen de pequeños concursos y quiebras y la creación de un “convenio de crisis” respecto de empleados del concursado.

Desde el PRO Ezequiel Fernández Langan impulsa una reforma hasta el 31 de diciembre o hasta el fin del aislamiento obligatorio. Alcanzaría a todos los procesos iniciados durante el aislamiento y propone la suspensión de los pedidos de quiebra, ejecuciones judiciales y extrajudiciales (excluyendo créditos con garantía real) y, entre otros puntos, la prórroga por 180 días del cumplimiento de los acuerdos homologados.

En la Coalición Cívica las diputadas Marcela Campagnoli y Paula Oliveto presentaron un proyecto de ley que también propone suspender las ejecuciones patrimoniales por deudas y pedidos de quiebre de MiPyMes, que tengan origen posterior al decreto de inicio de la plan de aislamiento social preventivo y obligatorio. “La prohibición alcanza a ejecuciones prendarias e hipotecarias de cualquier origen; embargo de las cuentas corrientes bancarias y cobro de deudas de cualquier origen, iniciadas con posterioridad a la declaración del aislamiento social preventivo y obligatorio establecido por decreto del Poder Ejecutivo Nacional”, explica la iniciativa.

También desde el Frente de Todos Liliana Yambrun y Jimena López piden prorrogar hasta por un año el periodo de exclusividad y los plazos de cumplimiento de un acuerdo homologado; la suspensión de ejecuciones contra concursados (incluyendo créditos con garantías reales); el levantamiento de medidas cautelares y la suspensión por 180 días de los pedidos de quiebra.

Ximena García, de la UCR de Santa Fe también es autora de un proyecto de estas características. “Hace casi tres meses preveíamos un futuro complicado para el país. Lamentablemente hoy, los daños económicos son irreparables” indició y reclamó el tratamiento urgente de estos proyectos.

 

 

Fuente: Infobae