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Instan a la Legislatura a expresarse por la situación de los ministros Cáceres y Sesto de Leiva

El diputado provincial Luis Daniel Lavatelli (FJPV) presentó un proyecto de resolución para que el cuerpo exprese su preocupación por la situación de dos de los ministros de la Corte de Justicia.

El proyecto surgió por los cuestionamientos en la condición de jubilados, según consta en la denuncia formulada por el abogado Eduardo Ángel Andrada ante el Colegio de Abogados de Catamarca.
Lavatelli coincidió con el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, quien en su visita a la provincia subrayó que “es una cuestión que tiene que resolver Catamarca, que debe analizar si su cláusula constitucional es o no operativa y en todo caso, de acuerdo a los precedentes judiciales (…). Yo señalaba que la Corte Suprema recientemente, en el caso del ex juez Schiffrin -de paso hago un homenaje al exmagistrado, que falleció días atrás-, ha declarado operativa la cláusula de 75 años de la Constitución Nacional en este fallo”.
En ese sentido, el legislador profundizó lo que dijo el funcionario nacional sobre el fallo Schiffrin, sosteniendo que “al revocar la doctrina del caso ‘Fayt’, la decisión de esta Corte en el presente caso ‘Schiffrin’ devuelve la validez a la única norma de la Constitución Nacional que fue declarada nula -en toda la historia constitucional de la Argentina- por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
“Es de una gravedad institucional para la provincia de Catamarca la denuncia presentada por Dr. Eduardo Andrada, que será analizada por el Colegio de Abogado, donde los señores ministros de la Corte de Justicia de Catamarca, José Ricardo Cáceres y Amalia Sesto de Leiva, ejerzan tan alta magistratura en manifiesta trasgresión a la Constitución Provincial”, subraya el diputado en su proyecto.
De esta forma, Lavatelli busca que la cámara baja de la Legislatura solicite al máximo órgano de justicia, entre otros puntos, la fecha de designación de los cortesanos José Ricardo Cáceres y Amelia Sesto de Leiva. 
Al mismo tiempo, indaga al Poder Judicial si al momento de tal designación o en el transcurso de las mismas se encontraban acogidos al régimen de jubilaciones, retiros o pensiones.