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Arresto y multas para quienes ejerzan violencia en el ámbito escolar

El proyecto, que modifica el Código de Faltas de la Provincia, recibió media sanción en la Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados modificó la Ley Nº 5171 de Código de Faltas de Catamarca, incorporando los artículos pertinentes para resguardar la integridad física y moral de quienes tienen bajo su responsabilidad la formación de niños, niñas y adolescentes en edad escolar; docente, personal no docente y autoridades directivas de los establecimientos educativos sin distinción de gestión- sea pública o privada. 

La norma surge de los proyectos unificados que en este sentido presentaron los diputados Juana Fernández, Paola Bazán, Víctor Luna y Augusto Barros.

 La norma con media sanción de la Cámara baja, incorpora  artículo 67 bis a la Ley 5171 – “Código de Faltas”, como “Faltas contra la Autoridad”, de manera de establecer el arresto de cinco a treinta días, multa equivalente al 100% de la asignación básica de un agente de la administración pública provincial categoría 24 y/o la realización de trabajos comunitarios en un establecimiento educativo distinto a aquel en el que desplegó la conducta sancionada.  

De acuerdo a la iniciativa, será infractor quien hostigue, maltrate verbalmente, menosprecie o perturbe de cualquier modo a un trabajador de la educación, sea docente o no;  perturbe el orden público, dañando los bienes del trabajador de la educación o los elementos de utilidad educativa; arroje contra un trabajador de la educación elementos de cualquier naturaleza; ingrese sin autorización a un establecimiento educativo perturbando la función educativa y no se retire ante el requerimiento del personal de la institución.

El proyecto prevé, además, que si las faltas son cometidas por niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, los padres o tutores deberán responder con una multa equivalente al 100% de la asignación básica de un agente de la administración pública provincial categoría 24 o la realización de trabajos comunitarios en un establecimiento educativo distinto a aquel en el que desplego la conducta sancionada.

También estipula que en caso de que la víctima de las conductas agresivas lo requiera, el centro educativo a través de su directivo deberá gestionar la contención psicológica ante los organismos de salud correspondientes.