Contreras reveló la sobrecarga del único juzgado penal

El juzgado Federal N° 1 con competencia en materia penal y otras causas más trabaja con siete empleados.

El juez federal Miguel Ángel Contreras advirtió que su juzgado trabaja todo el año y concentra una creciente cantidad de causas vinculadas con el narcotráfico. Tiene siete empleados y dos secretarios, además del magistrado, que debe intervenir en los pedidos urgentes durante las 24 horas.

La estructura de la Justicia Federal de Catamarca enfrenta una situación que, según el juez Miguel Ángel Contreras, ya resulta difícil de sostener desde el punto de vista humano y operativo.

El magistrado explicó que el Juzgado Federal N°1 es actualmente el único que concentra la competencia penal en la provincia y que la estructura está integrada por siete empleados y dos secretarios, además del juez.

El problema se profundiza por el crecimiento de las investigaciones vinculadas con el narcotráfico y por la obligación de mantener guardias durante todo el año.

“Nosotros trabajamos todo el año, estamos de turno”, explicó Contreras, al señalar que las órdenes de allanamiento, secuestro y otras medidas urgentes deben continuar siendo autorizadas por el titular del juzgado.

La situación implica que el juez debe permanecer disponible durante sábados, domingos y feriados, además de continuar con la tramitación de las causas ordinarias.

Contreras señaló que el problema no desaparecería automáticamente con un cambio hacia un sistema acusatorio, porque determinadas decisiones continuarán requiriendo intervención judicial.

El magistrado consideró que la falta de estructura también explica su postura favorable a discutir una redistribución de competencias. En ese esquema, la Justicia Federal podría concentrarse en las investigaciones de mayor complejidad, mientras que las causas vinculadas con el narcomenudeo podrían quedar bajo responsabilidad provincial.

A esto se suma otra carga que pesa sobre el mismo juzgado: las ejecuciones fiscales promovidas por ARCA. Según Contreras, ingresan cientos de demandas y recientemente llegó a firmar alrededor de 300 ejecuciones en una sola jornada.

El escenario, sostuvo, obliga a discutir una respuesta institucional. “Lo peor que podemos hacer es quedarnos quietos”, afirmó.

La advertencia del juez expone así un problema que va más allá de una cuestión administrativa: la capacidad concreta de la Justicia para responder a tiempo frente al crecimiento de las investigaciones penales y mantener, al mismo tiempo, el resto de las competencias que recaen sobre el único juzgado federal con competencia penal de la provincia.