Aoma clausuró sectores de Zijin-Liex por presuntas fallas de seguridad

La minería, uno de los principales pilares económicos impulsados por el gobernador Raúl Jalil, volvió a quedar bajo cuestionamiento en Catamarca.

Fiambalá - El viernes pasado, la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), seccional Catamarca, dispuso la clausura preventiva de distintos sectores de trabajo de Zijin-Liex, en Fiambalá, tras denunciar presuntas deficiencias en materia de higiene y seguridad laboral.

Según informó el gremio, la medida fue adoptada luego de una recorrida realizada durante una asamblea con trabajadores. AOMA aseguró haber detectado sectores del taller en malas condiciones y herramientas que no cumplirían con las normas de seguridad vigentes, por lo que resolvió suspender preventivamente las tareas en esas áreas hasta que la empresa garantice condiciones adecuadas.

El sindicato reclamó expresamente el cumplimiento de la Ley Nacional 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y señaló presuntas responsabilidades internas dentro de la compañía por la falta de controles.

Cabe aclarar que las irregularidades fueron denunciadas por AOMA y que, hasta el momento, no se difundió una resolución administrativa o judicial independiente que determine responsabilidades definitivas sobre los hechos señalados.

El episodio cobra especial relevancia porque Zijin-Liex opera el proyecto Tres Quebradas, uno de los emprendimientos de litio más importantes de la provincia y una de las inversiones que el Gobierno de Jalil exhibe como ejemplo de su política minera. En julio, el proyecto recibió la aprobación para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con una inversión anunciada de US$709 millones y una proyección de producción de hasta 40.000 toneladas anuales de carbonato de litio.

Además, no se trata del primer conflicto laboral vinculado con la compañía. En septiembre de 2025, AOMA realizó un paro en Zijin-Liex en reclamo por presuntos incumplimientos laborales y deficiencias en materia de higiene y seguridad. En aquella oportunidad intervino la Dirección de Inspección Laboral provincial, que dispuso una instancia de conciliación obligatoria.

Durante este año, además, proveedores locales de Fiambalá se manifestaron frente a la planta para reclamar una mayor contratación de empresas y trabajadores de la zona y denunciar supuestos incumplimientos de compromisos asumidos con la comunidad. Esas afirmaciones corresponden a los manifestantes y no constituyen, por sí mismas, incumplimientos acreditados judicialmente.

El contraste resulta políticamente sensible para la administración provincial. Mientras Jalil sostiene que la minería debe generar empleo, desarrollo local y oportunidades para las comunidades, uno de los proyectos insignia de la actividad vuelve a enfrentar cuestionamientos vinculados precisamente con las condiciones laborales y de seguridad de sus trabajadores.

El Gobierno provincial tiene competencias de fiscalización laboral y minera, por lo que el nuevo episodio vuelve a poner bajo la lupa la eficacia de los controles estatales sobre las compañías que explotan los recursos naturales de Catamarca.