La referente social valoró el acuerdo entre Nación y provincia, pero reclamó que no se confunda con el pedido histórico de beneficios para las comunidades fronterizas, contemplado en la Ley 18.575.
Tinogasta.- La dirigente social y kinesióloga Yani Siares valoró como “algo bueno” el acuerdo entre los gobiernos nacional y provincial para avanzar en la creación de una Zona Franca en Tinogasta, aunque advirtió que esa iniciativa no debe confundirse con el reclamo histórico de la comunidad por el reconocimiento de los beneficios correspondientes a la Zona de Frontera.
En declaraciones al medio Radio San Francisco, Siares remarcó que se trata de “dos regímenes distintos” y cuestionó las expectativas que podrían generarse entre los vecinos respecto de una eventual reducción de los costos cotidianos.
Explicó que mientras la Zona de Frontera está contemplada por la Ley Nacional 18.575, la Zona Franca se encuentra encuadrada en un régimen diferente, establecido por la Ley 24.331.
Para Siares, la condición fronteriza de Tinogasta está vinculada con su ubicación geográfica y estratégica, así como con la existencia del Paso Internacional San Francisco. En ese sentido, sostuvo que la permanencia de población en las zonas próximas a los límites internacionales constituye también un factor de interés para el desarrollo y la integración territorial.
“¿Cuál es el beneficio para nosotros?”
El principal planteo de la dirigente apunta a diferenciar los posibles beneficios económicos de la Zona Franca de aquellos que la comunidad reclama en función de su condición fronteriza.
“¿Cuál es el beneficio para nosotros? No se ve”, cuestionó Siares, al señalar que la creación de una Zona Franca no supone, por sí misma, una reducción automática de los costos que afrontan diariamente los vecinos, comerciantes y consumidores.
“No tendríamos que bajar los consumos de energía, de los impuestos, de la nafta… nada, porque no tiene nada que ver una cosa con otra”, sostuvo.
En esa línea, explicó que la Zona Franca está orientada al desarrollo de actividades comerciales, productivas y de servicios bajo un régimen específico, mientras que el reclamo ciudadano apunta a beneficios vinculados con la condición de Zona de Frontera para quienes habitan de manera permanente en el oeste catamarqueño.
El reclamo por la Ley 18.575
Siares recordó que la Ley 18.575, sancionada en 1970, establece un régimen vinculado con el desarrollo de las áreas de frontera y mencionó al Área de Desarrollo de Frontera San Francisco, que comprende sectores de Tinogasta, Fiambalá, Antofagasta de la Sierra y parte de Belén.
La dirigente sostuvo que, hasta el momento, los docentes constituyen uno de los sectores que lograron acceder a beneficios vinculados con la condición fronteriza.
“Ellos son los únicos que han podido acceder a una partecita de todos los beneficios que tendríamos que tener los ciudadanos de una Zona de Frontera”, afirmó.
En ese contexto, consideró que la Zona Franca puede significar una oportunidad para la actividad económica regional, pero insistió en que no debería presentarse como la solución al reclamo histórico por los beneficios de frontera.
“Enhorabuena que se dé esto de Zona Franca, perfecto, pero ¿cuál es el beneficio para nosotros?”, reiteró.
Pedido de claridad
La referente también pidió a las autoridades y dirigentes que expliquen con precisión los alcances del nuevo régimen para evitar confusiones entre los vecinos.
Según planteó, la comunidad debe conocer qué beneficios concretos podría generar la Zona Franca y cuáles corresponden, en cambio, al régimen de Zona de Frontera.
“Zona Franca no es igual a Zona de Frontera”, resumió Siares.
Finalmente, sostuvo que la instalación de la Zona Franca puede constituir una oportunidad para diversificar y fortalecer la economía regional, pero reclamó que, en paralelo, continúe el debate sobre las demandas históricas de las comunidades del oeste catamarqueño vinculadas con su condición fronteriza.
Redacción realizada por (RGB) para diario Wella Digital