Zona Franca: el piquete que cambió el tablero político
- Categoría: Tinogasta
- Publicado el Domingo, 27 Septiembre 2026 09:15
La protesta sobre la ruta nacional 60 aceleró una discusión que durante años permaneció fuera de la agenda: la posibilidad de extender el régimen franco a Fiambalá y otras áreas de Catamarca.
Tinogasta - La Zona Franca de Catamarca parecía tener una localización definida: Tinogasta. Sin embargo, en apenas 48 horas, un corte sobre la ruta nacional 60 modificó el escenario político y abrió la discusión sobre una eventual sede o subzona en Fiambalá.
Fiambalá planteó sus argumentos, pero lo hizo cuando el expediente de la zona franca ya había avanzado institucionalmente en favor de Tinogasta. El reclamo surgió después de que la Provincia retomara el convenio con la Nación y enviara a la Legislatura un proyecto que ratificaba la localización original.
La historia de la Zona Franca de Catamarca se remonta a 1994, cuando el entonces gobernador Arnoldo Castillo firmó con el presidente Carlos Menem el convenio de adhesión a la Ley 24.331. La Provincia no cumplió posteriormente con los plazos previstos para la ejecución de las obras y la Nación declaró la caducidad del beneficio en 2010.
Las gestiones fueron retomadas en 2015 y, finalmente, el 28 de agosto de este año, el gobernador Raúl Jalil y el presidente Javier Milei firmaron un nuevo acuerdo para avanzar con la Zona Franca de Catamarca, con localización en Tinogasta.
En los hechos, el convenio permitió retomar un régimen que había quedado sin efecto. El proyecto enviado por el Ejecutivo provincial a la Legislatura sostiene que la ubicación en Tinogasta resulta especialmente conveniente por sus antecedentes históricos, su posición logística y el grado de avance de la infraestructura disponible.
Tinogasta había avanzado en esa dirección con la disponibilidad de un predio de 20 hectáreas en el distrito Santa Rosa, próximo al aeródromo, y con obras vinculadas al suministro eléctrico para el área industrial.
Fiambalá, en cambio, no había impulsado hasta ese momento un expediente formal para modificar la localización o incorporar una sede propia dentro del régimen.
El reclamo llegó cuando el expediente ya estaba en marcha
Durante los años anteriores, la discusión pública sobre la Zona Franca estuvo concentrada principalmente en Tinogasta. La posición de Fiambalá tomó mayor visibilidad cuando el convenio ya había sido firmado y el proyecto se encontraba en tratamiento legislativo.
El intendente Raúl Úsqueda, de la UCR-Juntos por el Cambio, había celebrado inicialmente el acuerdo como una noticia favorable para el Oeste catamarqueño. Posteriormente, el 9 de septiembre, solicitó formalmente al Gobierno provincial que Fiambalá fuera incorporada al esquema.
El 11 de septiembre, el Ejecutivo remitió el proyecto a la Legislatura sin modificar la localización de la zona franca, y el Senado le dio media sanción el jueves 17.
A partir de entonces, el reclamo adquirió mayor intensidad.
El exsenador Mario “Baby” Quintar cuestionó la decisión del oficialismo y la calificó como “una trastada muy grande hacia el pueblo de Fiambalá”. Por su parte, la presidenta de la Cámara de Turismo de Fiambalá, Fátima Haddad, sostuvo que la localidad había esperado durante años una oportunidad de desarrollo y afirmó: “Ser pacientes no significa que seamos sumisos”.
La protesta sobre la ruta 60
El martes 22 de septiembre, la ruta nacional 60 fue escenario de una protesta vinculada con el reclamo por la Zona Franca. El corte afectó el tránsito, incluidos vehículos vinculados con la actividad minera, mientras se permitió el paso de emergencias con una frecuencia determinada por los manifestantes.
La consigna “Sin zona franca, no hay minería” sintetizó el reclamo de los sectores que exigían una participación de Fiambalá en el régimen.
La protesta modificó el escenario político.
El gobernador Jalil había sostenido previamente que la localización en Tinogasta respondía a una historia de gestiones que se remontaba a tres décadas. Después del conflicto sobre la ruta 60, anunció que gestionaría ante el Gobierno nacional la posibilidad de incorporar una sede o extensión del régimen en Fiambalá.
Al día siguiente, el mandatario habló de avances en esas gestiones con funcionarios nacionales.
En términos políticos, el episodio dejó una señal evidente: un reclamo territorial que había llegado tarde al expediente consiguió instalarse rápidamente en la agenda del Gobierno provincial.
Una provincia, una zona franca y la discusión por las subzonas
La Ley 24.331 establece el régimen general de zonas francas en el país y fija determinadas condiciones para su implementación provincial.
En ese marco, la alternativa que comenzó a analizarse para Catamarca no consiste necesariamente en trasladar la zona franca de Tinogasta, sino en complementar el esquema mediante extensiones o subzonas vinculadas con otras áreas estratégicas.
Según fuentes oficiales consultadas, la incorporación de Fiambalá y El Pantanillo podría instrumentarse mediante la reglamentación correspondiente, sin modificar sustancialmente el texto que ya cuenta con media sanción del Senado.
De concretarse, esas áreas podrían acceder a los beneficios propios del régimen, mientras Tinogasta conservaría el predio principal destinado al desarrollo de infraestructura logística e industrial.
La posibilidad también permitiría distribuir funciones. El Paso Internacional San Francisco aparece como un punto estratégico para actividades comerciales y de servicios, mientras que los espacios industriales y de almacenamiento podrían concentrarse en el área de Tinogasta.
Qué ofrece realmente una zona franca
La Zona Franca no significa que todo lo que se instale dentro de ella quede automáticamente libre de impuestos.
El régimen permite, entre otros aspectos:
- El ingreso de mercaderías provenientes del exterior sin el pago de determinados derechos de importación y tributos aduaneros, con las excepciones previstas por la legislación.
- El desarrollo de actividades comerciales, industriales, de servicios y almacenamiento.
- El almacenamiento de mercaderías durante determinados períodos antes de su nacionalización.
- El acceso a determinadas ventajas impositivas y aduaneras previstas específicamente por el régimen.
Para la actividad minera, uno de los principales atractivos puede estar en la posibilidad de almacenar insumos y equipamiento importado y nacionalizarlos de acuerdo con las necesidades operativas.
Pero también existen límites.
Los productos elaborados dentro de una zona franca tienen restricciones específicas para su ingreso al territorio aduanero general. Cuando una mercadería pasa al mercado interno, debe cumplir con las obligaciones tributarias y aduaneras correspondientes.
Además, el régimen no implica automáticamente la eliminación de todos los impuestos provinciales o municipales.
Por eso, presentar la Zona Franca como una solución automática para el desarrollo regional sería exagerado. Su impacto dependerá de la infraestructura, la logística, la administración, los operadores que se radiquen y la capacidad de atraer inversiones y actividad económica.
El verdadero desafío empieza ahora
El conflicto entre Tinogasta y Fiambalá expuso una discusión que probablemente exceda la ubicación física del predio.
Ambos departamentos comparten una misma región, una economía fuertemente vinculada con la minería, el corredor internacional hacia Chile y una infraestructura logística que puede ser complementaria.
La discusión, entonces, no debería reducirse a quién obtiene el predio principal.
Si la Zona Franca de Catamarca finalmente incorpora mecanismos de extensión hacia Fiambalá y El Pantanillo, el desafío será definir qué función cumplirá cada área y cómo se distribuirán las oportunidades económicas.
La protesta de la ruta 60 consiguió acelerar una discusión que había llegado tarde al expediente. Pero una vez superada la instancia política, el resultado deberá medirse en otro terreno: infraestructura terminada, empresas instaladas, empleo generado, servicios logísticos concretos e inversiones efectivamente radicadas.
La ruta pudo acelerar el debate. Ahora serán los hechos los que determinen si la Zona Franca se convierte en una herramienta de desarrollo regional o queda reducida a otra disputa territorial.
